Esta investigación se centra en analizar el impacto de las reformas políticas que suponen una privatización e internacionalización en la universidad pública española. Como resultados, se destaca una tendencia hacia el aumento de tasas de matrículas y una mayor diversificación institucional, caracterizada por la creación de un modelo de universidad de investigación de excelencia. La problemática de este escenario es que las universidades de investigaciónse encuentran en las comunidades autónomas (Madrid y Cataluña) que presentan las tasas económicas más elevadas de todo el territorio nacional y, a su vez, es donde existe un porcentaje menor de alumnado que se beneficia de becas, lo que acentúa en mayor medida las desigualdades.
Palabras clave: privatización de la universidad, internacionalización, acceso a la educación superior, financiamiento de la universidad, universidades, España.
Esta pesquisa tem como foco analisar o impacto das reformas políticas que envolvem privatização e internacionalização na universidade pública espanhola. Como resultado, destaca-se uma tendência de aumento das taxas de matriculas, e maior diversificação institucional, caracterizada pela criação de um modelo de universidade de pesquisa de excelência. O problema desse cenário é que as universidades de pesquisa estão localizadas nas comunidades autônomas (Madri e Catalunha) que têm as maiores taxas econômicas de todo o território nacional e, por sua vez, é onde há um menor percentual de estudantes que se beneficiam de bolsas de estudo, o que acentua as desigualdades em maior medida.
Palavras chave: privatização universitária, internacionalização, acesso ao ensino superior, financiamento universitário, universidades, Espanha.
This research has as purpose to analyze the impact of policy reforms that lead to the privatization and internationalization on the Spanish public university. The results highlight a trend towards higher tuition fees and greater institutional diversification, characterized by the creation of a research university model of excellence. The problem with this scenario is that the research universities are located in the autonomous communities (Madrid and Catalonia) that have the highest economic rates in the whole country and, at the same time, where there is a lower percentage of students who benefit from scholarships, a situation that accentuates inequalities to a greater extent.
Keywords: university privatization, internationalization, access to higher education, university financing, universities, Spain.
El objeto de estudio del presente trabajo se centra en el paquete de políticas de privatización de la educación superior, principalmente las centradas en la repartición de costes, y las que suponen una internacionalización de la universidad pública española. La problemática de partida es que estas políticas pueden poner en riesgo el acceso asequible económico a la educación superior y generar una mayor diversificación institucional, creando con ello mayores desigualdades.
El término de privatización de la educación ha sido utilizado para dar cuenta de múltiples fenómenos y, en general, podemos sintetizar dos posturas desde las cuales se analizan los procesos de privatización: una que entiende que dichos procedimientos están asociados con la nueva gestión pública y que se dan incorporando métodos e instrumentos empresariales a las universidades (Guerrero, 2001); y otra que señala como principal consecuencia de la privatización la transferencia de las funciones del Estado al sector privado (Verger et al., 2016). La primera postura estaría relacionada con la categoría de privatización endógena, definida por Ball y Youdell (2008), la cual implica que el sector público se asemeje a una empresa. La segunda postura, con la categoría de privatización exógena, conlleva una mayor participación del sector privado en la educación pública (Ball y Youdell, 2008).
La categoría de privatización endógena es más sutil y menos evidente que la de privatización exógena. En este trabajo principalmente nos centramos en estudiar los procesos de privatización exógena de la educación superior, y en particular en las políticas de repartición de costes (Woodhall, 2005), por su gran calado en el contexto español durante últimos años.
La asunción de las políticas de privatización exógena que se analizan en este estudio, en consecuencia, implica que alguna de las tres áreas que competen al Estado en educación superior se trasladan al sector privado (Verger, 2013). Contrariamente, entendemos que la educación superior como un bien público es aquella donde los tres ámbitos de política universitaria —titularidad, provisión y financiación— quedan casi completamente cubiertos por el sector público.
Las políticas de privatización que transfieren la titularidad al sector privado permiten o incentivan un aumento del número de universidades privadas. Estas políticas son aquellas que reducen o limitan la oferta pública educativa, favoreciendo, de este modo, un aumento de matriculación en instituciones privadas.
Las políticas que desvían la financiación al sector privado están centradas en el incremento de financiación privada, ya sea a través de una mayor relación de la universidad con el sector empresarial o trasladando los costes a los estudiantes mediante tasas de matrícula. Ambas opciones tienen consecuencias: por un lado, la idea de que las familias o los estudiantes paguen un porcentaje mayor de la financiación de la educación superior se ajusta a la Teoría del Capital Humano, que defiende la educación superior como un bien de inversión individual; por otro lado, se deben tener en cuenta los riesgos que entraña la intervención del sector empresarial en la financiación de la educación superior, que puede terminar fijando prioridades para su propio beneficio económico (Fernández, 2009).
Encontramos diversas investigaciones que evidencian el creciente fenómeno de la distribución de costes en educación superior, donde principalmente el coste de la educación superior ha pasado de ser casi exclusivamente responsabilidad de los gobiernos a ser compartida con los alumnos y sus familias, a través del aumento de la tasa de matrícula o mediante la introducción de sistemas de ayudas a estudiantes basados en préstamos (Sanyal y Martin, 2005; Johnstone, 2005; Woodhall, 2005; Yang y McCall, 2014).
Nos interesa analizar el impacto que tienen las políticas de repartición de costes en educación superior, centradas en aumentar los precios de matrícula, porque, además de cambiar la manera de concebir la educación superior, ponen en riesgo el acceso asequible a la educación superior. Un acceso asequible a la educación superior, desde el punto de vista económico, es aquel que permite el acceso a los estudiantes a través de una adecuada combinación entre los precios de matrícula o gratuidad con los sistemas de ayudas públicas que reciben (becas y/o préstamos). El acceso económico asequible en educación superior es un concepto consagrado en la meta 4.3 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y, en los últimos años, ha cobrado una mayor importancia, dada la tendencia mundial hacia el reparto de costes en educación superior (Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2017).
Por otro lado, utilizamos el concepto de políticas de internacionalización de la universidad para referirnos al proceso por el cual se introducen reformas que enfatizan la proyección internacional de las universidades públicas con el principal objetivo de alcanzar una mayor competitividad en la economía del conocimiento (Verger, 2013).
En función de la orientación de los procesos de internacionalización, podemos diferenciar dos modelos: un modelo solidario orientado al entendimiento y la relación horizontal; y un modelo competitivo, caracterizado por la orientación al mercado (Michelini et al., 2017).
En los últimos años, los procesos de internacionalización han pasado de centrarse en la creación de un modelo de universidad más cooperativo a un modelo más competitivo, orientado al mercado (De Wit, 2011). El modelo de universidad competitivo internacionalmente se ha centrado en la producción investigadora, ya que ésta se ha convertido en un factor altamente competitivo en el ámbito global (Marginson y Ordorika, 2010).
La mayoría de los gobiernos, con el objetivo de alcanzar un grado de competitividad en los mercados educativos globales, orientan sus políticas de educación superior a la creación de universidades que les permitan situarse dentro del mercado global. Especialmente se centran en crear universidades de investigación con visibilidad internacional, que les permitan competir en la economía del conocimiento a través de su presencia en los rankings universitarios internacionales (Marginson y Ordorika, 2010). De esta forma, a través de procesos de internacionalización, las universidades han intensificado su actividad investigadora como estrategia para poder alcanzar una buena posición en los rankings universitarios internacionales.
La principal consecuencia del cambio de esta orientación de las políticas de internacionalización en educación superior es la diversificación institucional en el panorama nacional: por un lado, universidades de investigación cuya excelencia les permita tanto competir en el ámbito internacional, participando en la economía del conocimiento, como favorecer la acumulación de capital, cuya principal diferencia con respecto al resto de universidades es la función investigadora; por otro lado, universidades centradas principalmente en la docencia, sin reconocimiento global y cuya actividad investigadora es bastante menor.
En resumen, este trabajo aporta un análisis de las principales reformas políticas que han supuesto una privatización e internacionalización de la universidad pública española, así como de sus principales consecuencias en la garantía de un acceso asequible a la educación superior y en la intensificación de desigualdades a través de la creación de universidades públicas con diferentes categorías a nivel autonómico.
En este punto del trabajo se estudian los diferentes indicadores que dan cuentan de procesos de privatización exógena en la educación superior en España, éstos son: la provisión, titularidad y financiación (Verger, 2013). Estos indicadores permiten identificar si se ha dado una mayor intervención del sector privado, es decir, si se ha incrementado el porcentaje de alumnado matriculado en instituciones de educación superior (IES) privadas (provisión), el número de universidades privadas (titularidad) o la inversión de carácter privado (financiación), con el objetivo de poder valorar la intensificación de la privatización en el contexto español durante los últimos años. Al mismo tiempo se incorporan las reformas aprobadas en materia universitaria que han supuesto una mayor privatización.
Si bien, dado que la repartición de costes en educación superior ha sido la tendencia de privatización más generalizada en la última década (Woodhall, 2005), esto es, el desvío de los costes del Gobierno hacia los estudiantes a través del aumento de tasas o establecimiento de préstamos, especialmente nos centramos en estudiar el indicador sobre el incremento de la inversión privada, analizando los dos sectores que suponen un incremento de la misma: por un lado, los estudiantes y sus familias a través del aumento de las tasas de matrícula; por otro lado, mediante la adopción de prácticas institucionales que han permitido generar ingresos, como por ejemplo la creación de patentes.
Todos los datos anteriores se realizan desde un análisis nacional y los resultados, como veremos a continuación, nos indican que España principalmente ha focalizado el incremento de su inversión privada a través de un aumento del importe de las tasas de matrículas. Conjuntamente se incluye una comparación del porcentaje de alumnos que se benefician del sistema de ayudas públicas, en España basado únicamente en becas y no en préstamos, para poder valorar el impacto de estas medidas en el acceso a los estudios superiores.
España se estructura en un total de 17 comunidades autónomas (CC AA), mismas que tienen competencias en el ámbito educativo, lo que se traduce en que puedan existir enormes diferencias en algunas cuestiones universitarias. Por ello, para un mejor análisis de los resultados sobre el incremento de inversión privada, se incluye una perspectiva autonómica que nos permite visualizar el incremento de tasas académicas (grado y máster) y el porcentaje de alumnos que se benefician de ayudas públicas a nivel autonómico, con el fin de estudiar con mayor profundidad las regiones que acentúan las desigualdades.
En primer lugar, en cuanto a la provisión, según la base de datos de DataBank del Banco Mundial (BM), el indicador de tasa bruta de matriculación en educación terciaria expresado en porcentaje para ambos sexos, apunta que España ha pasado de una tasa de matriculación en educación terciaria de 61% en 2002 al 91% en 2018; así, ha habido un claro aumento de la tasa de matrícula. No obstante, si atendemos al porcentaje de alumnado matriculado en IES públicas y privadas, la misma base de datos nos muestra que España pasó de 13% de estudiantes matriculados en privadas en 2002 a un 21% en 2018. Por lo tanto, la provisión en el sector privado ha aumentado en ocho puntos porcentuales de 2002 a 2018. Sin embargo, España sigue presentando el mayor porcentaje de matriculados en IES públicas, con un 79% en 2018 (DataBank).
En segundo lugar, en cuanto a la titularidad, según el informe del SUE (Sistema Universitario Español) de 2018, España ha pasado de un total de siete universidades privadas y 46 públicas en el curso 1994-95, a 34 universidades privadas y 50 universidades públicas en el curso 2017-18 (Informe SUE, 2018). Lo que nos indica claramente una tendencia hacia el aumento de universidades privadas.
En tercer lugar, y como principal indicador, centrándonos en la financiación de las instituciones de educación superior en España, exponemos datos en relación con el porcentaje de PIB, mostrando la línea histórica completa para poder tener una mayor información sobre las tendencias en los últimos años.
Como muestra la figura 1, tras una trayectoria de aumento del gasto público en educación terciaria, en 2012 se produce el primer descenso de inversión en 0.1% y un nuevo descenso del mismo valor en 2016, pasando de niveles de inversión pública del 1% del PIB en 2011, a 0.9% en 2012 y 0.8% desde 2016. El aumento del gasto privado se da en 2013, con un incremento de 0.1%, representando un 0.4 % del PIB. Esto ha significado una disminución del total de inversión en educación terciaria como porcentaje del PIB de 1.3% en 2012 a 1.2% en 2017, que especialmente se debe a la baja de inversión pública.
En concreto, en 2011 se inicia un cambio de modelo representado por una bajada de financiación pública y una subida de la financiación privada. En ese momento España se encontraba envuelta en la crisis del euro de 2011. De hecho, España sufrió un gran declive económico con una caída del crecimiento del PIB (% anual) de -3.8% en 2009 tras la crisis económica mundial y una segunda caída de -3% en 2012 tras la crisis del euro de 2011 (datos consultados en DataBank), que conllevó a que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en 2012, solicitara una línea de crédito a la Unión Europea. España, a diferencia de otros países de la Unión Europea (UE) que tuvieron que ser forzosamente rescatados, no recibió un rescate del país como tal, sino un préstamo que actuó como fondo de rescate para diferentes entidades del sistema bancario.
En 1995 el modelo de financiación se dividía en 74% de fuentes públicas y 26% de fuentes privadas, y en 2017 un 66% de públicas y un 32% de privadas, expresado como proporciones de porcentaje del gasto total (figura 2); es decir, se pasa de un modelo de financiación pública de la educación superior a un modelo mixto, como se analizó con más detalle en otros trabajos (Carrasco-González, 2021).
En cuanto al aumento del gasto privado, en la figura 3 resulta evidente que éste ha recaído principalmente sobre el gasto familiar, que ha aumentado de un 20% en 2002 a un 29% en 2017, representando casi el total del gasto privado. En comparación con el resto de países europeos, España es de los países con más gasto familiar, sólo por detrás del Reino Unido (49%), que es un caso particular, y de Italia (30%), que prácticamente tienen el mismo porcentaje de gasto familiar para el año 2017 (OCDE, 2020).
Otro aspecto a resaltar es que España no ha conseguido apenas incrementar su gasto privado en educación terciaria a través de otras entidades privadas, es decir, a pesar de las iniciativas impulsadas por los diferentes gobiernos para una mayor asociación de la universidad con las empresas y generar ingresos privados, a través de spin-off o patentes. Esta última inversión es escasa en el contexto universitario español, representando apenas el 3% del gasto privado en 2017.
Por lo tanto, existe una clara tendencia hacia el aumento de la inversión privada en educación superior en España, representado principalmente por un aumento del gasto familiar, lo que visiblemente nos indica que se ha producido un incremento del precio de tasas de matrícula y que, además, ese aumento no ha venido acompañado de un buen sistema de ayudas económicas a estudiantes. La variable de gasto familiar tiene en cuenta el importe económico que los alumnos/as pagan de tasas de matrícula, así como el porcentaje de alumnado que se beneficia de una ayuda económica y que, por lo tanto, queda exento del pago de matrícula.
El aumento de gasto familiar de la educación superior en España indica que se ha producido un incremento del importe de las tasas de matrícula. Si recuperamos algunos datos, el promedio anual de tasas económicas para todos los estudiantes de grado (nacionales, de la UE y de otros países) ha aumentado de 690€ en 2004 (OCDE, 2006) a 1 506€ en 2017 (OCDE, 2019). A nivel de máster, en 2017 los alumnos deben pagar una media de 2 478€ (OCDE, 2019), cuando en 2004 apenas los alumnos/as accedían a ese nivel educativo (posgrado).
Además, como hemos comentado al principio, el aumento de alumnos matriculados en instituciones privadas también ha contribuido al incremento del gasto familiar. No disponemos de datos sobre el precio de tasas de las matrículas en instituciones privadas para 2004-05, pero para 2017-18 es bastante más alto en comparación con los precios de las instituciones públicas, al menos a nivel de grado, que para 2017-18 es de una media de 6 703€, siendo en el nivel de master 1 037€ más barato que en las IES públicas (OCDE, 2006; 2019).
Todas estas medidas han venido acompañadas de un incremento del porcentaje de gasto público destinado a ayudas económicas, que pasó de un 8% en 2002 a un 11% en 2016 (OCDE, 2006; Eurostat, 2016). Incluso el número de beneficiados por becas ha aumentado de 34% en 2004-05 a un 44% en 2017-18 (OCDE, 2006; 2019). Sin embargo, esto no ha sido suficiente para paliar el aumento de tasas económicas. Por ello, España presenta un gasto familiar en educación superior tan elevado, que pone en riesgo el acceso a este nivel educativo.
Concisamente: de los tres indicadores de privatización exógena (provisión, titularidad y financiación) en la educación superior en España, en todos se detectan indicios, en los últimos años, que muestran cómo el sector privado ha ido ganando terreno, aunque sigue siendo el sector público el principal actor. Lo cual evidencia una tendencia hacia la privatización del sector universitario, principalmente representada por la repartición de costes.
De los tres indicadores analizados en el apartado anterior y entre las problemáticas que más nos preocupan está el aumento de la inversión privada representado por el incremento de las tasas de matrícula. Por ello, se presentan los resultados atendiendo a la evolución de los precios públicos del crédito de grado y máster (habilitante y no habilitante) en las diferentes CC AA, incluyendo la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), con el objetivo de detectar dentro del panorama nacional en qué regiones se acentúan las desigualdades en el acceso a la educación superior.
Tal y como podemos apreciar en las figuras 4 y 5, el curso 2012-13 fue el año académico en el que todas las CC AA aumentaron sus precios de crédito para primera matrícula, tanto en grado como en máster no habilitante. En el caso de máster habilitante no disponemos de datos antes del curso 2012-13 para ver la evolución, ya que se implantaron en ese mismo curso, y desde ese momento las comunidades presentan los precios de crédito más elevados.
Los siguientes años, podemos destacar una disminución conjunta del precio de crédito en grado y máster (habilitante y no habilitante), pero para el curso 2019-20, sigue habiendo CC AA que sobrepasan considerablemente el precio medio del crédito. De hecho, existe una notable diferencia en el precio medio de crédito, tanto en estudios de grado como de máster (habilitante y no habilitante) para el curso 2019-2020 (figuras 4, 5 y 6), de las comunidades de Madrid y Cataluña, respecto al resto de comunidades autónomas. Aunque también podemos destacar los elevados precios de la UNED y Castilla y León en máster habilitante (figura 6).
En general, los estudios universitarios de las comunidades de Madrid y Cataluña, son los más caros, y Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia y Castilla-La Mancha son las comunidades que ofrecen las condiciones más baratas para estudiar un grado o máster.
Además, si observamos en la figura 7 el porcentaje de alumnado beneficiario de beca durante el curso 2018-19 a nivel de grado, vemos que Cataluña y Madrid, aparte de ser las CC AA más caras, se encuentran entre las comunidades con menor porcentaje de alumnado beneficiario de una ayuda económica. Por lo tanto, son las comunidades que generan una mayor desigualdad.
En conclusión, actualmente el panorama español es bastante heterogéneo en cuanto a los precios para grado y máster (habilitante y no habilitante), existiendo notables diferencias entre las CC AA y siendo las comunidades de Madrid y Cataluña las que presentan las condiciones más caras y desiguales para cursar estudios superiores.
En primer lugar, la expansión del sector privado universitario comenzó con el Real Decreto (RD) 557/1991 aprobado por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), y se intensificó en 1995 a partir de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, en mayor medida con el último RD 420/2015 (creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios) aprobado por el PP (Partido Popular) con Mariano Rajoy, que flexibilizó aún más la creación de universidades privadas. El resultado de estas medidas, de ambos partidos políticos, ha sido una desactivación de la oferta pública frente a un favorecimiento de la privada.
En segundo lugar, el aumento de la inversión privada en educación superior en España coincide con la aprobación, por parte del PP con Mariano Rajoy, del Real Decreto Ley (RDL) 14/2012, del 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
En el curso 2012-13 entró en vigor el RDL 14/2012 que reformó lo propuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades aprobada por el PSOE. Este decreto determinó que los precios públicos de estudios universitarios los fijaban las comunidades autónomas, y estableció por ley que los estudiantes debían pagar entre un 15% y un 25% del precio total de sus estudios de grado en primera matrícula y un porcentaje mayor para sucesivas matrículas y estudios de máster, lo que supuso un incremento sin precedentes del precio de crédito en grado y máster (habilitante y no habilitante).
Por otra parte, en los próximos años se espera que la tendencia hacia la disminución del importe continúe tras la derogación del RD 14/2012 por el Gobierno de coalición del 5 de mayo de 2020 y el acuerdo del 27 de mayo de 2020 de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), en el que se contempló un nuevo método de establecimiento de precios de matrícula fijándose un tope para las CC AA. En el caso de los estudios de grado, se ha fijado un precio máximo de 18.46€ y, por consiguiente, las comunidades que lo sobrepasen se verán obligadas a bajar sus precios. No obstante, según los primeros estudios sobre el balance de precios para el curso 2020-21, todo indica que el acuerdo, en su primer año de vigencia, no ha logrado modificar sustancialmente los precios (Sacristán, 2020).
En síntesis, el RDL 14/2012, aprobado por el PP, ha sido la reforma política que más ha acentuado la privatización de la universidad pública española, trasladando los costes de la educación superior a los estudiantes y sus familias. Estas reformas se han traducido en un aumento del gasto familiar, acentuado a su vez por la aprobación por el Gobierno del PP del RD 609/2013, que reformó el sistema de becas y ayudas al estudio y mediante el cual se endurecieron los requisitos académicos para poder ser beneficiario de una beca, prevaleciendo en mayor medida el aprovechamiento académico.
En este apartado se compara, desde un análisis institucional, qué universidades españolas públicas han sido las más internacionalizadas en los últimos años, esto es, las universidades con mayor presencia e impacto internacional. Para ello examinamos los valores a nivel institucional con base en los siguientes indicadores: producción científica de impacto, atracción de talento internacional y presencia en los rankings internacionales. Además, se incorpora un análisis de las principales reformas universitarias aprobadas que han dado lugar al escenario actual.
El sistema universitario español para el curso 2019-20 se compone de un total de 83 universidades: 50 universidades públicas y 33 privadas (Ministerio de Universidades). Del total de universidades, seis son no presenciales y el resto presenciales; entre las no presenciales hay una pública, la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). En este punto de la investigación se han tenido en cuenta únicamente las universidades públicas, es decir, el total de 50 universidades, todas presenciales excepto la UNED.
Primero, con el objetivo de mostrar las universidades con mayor producción científica de excelencia, exponemos una tabla con indicadores que nos muestran la producción total, los porcentajes de publicaciones en revistas Q1 (producción científica de alto impacto), el impacto y liderazgo de excelencia de cada universidad.
Segundo, publicamos datos sobre el porcentaje de estudiantes y profesores internacionales por universidades, para poder detectar qué universidades presentan mayor número de profesores y alumnado internacional.
Tercero, mostramos las 10 universidades españolas con los mejores puestos en los seis rankings internaciones más relevantes. Los rankings internacionales más populares son el Academic Ranking of World Universities (ARWU), el Times Higher Education (THE) y el Quacquarelli Symons (QS). Estos rankings universitarios internacionales se centran básicamente en indicadores de investigación y atracción de talento internacional. Nuestro principal objetivo es detectar las universidades españolas que lideran los mejores puestos, partiendo de la base de que estos rankings se centran en la actividad investigadora, ya que es la dimensión universitaria que se utiliza para ganar competitividad internacional.
Del total de 50 universidades públicas las más destacadas en producción científica entre 2014-2018, si nos fijamos en el valor más elevado en los indicadores señalizados en color azul y amarillo de la tabla 1, son:
Por lo tanto, el conjunto de universidades públicas españolas que más destacan por su producción científica de alto impacto son: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y Universidad Autónoma de Madrid. Tres universidades de la Comunidad de Cataluña y una de Madrid.
Las universidades que lideran los primeros puestos de porcentaje de estudiantes extranjeros sobre el total de estudiantes, son la Pompeu Fabra (17.7%) y la Universitat Autónoma de Barcelona (15.6%). Le siguen Universitat Politècnica de Catalunya (13.9%) y Universitat Politècnica de València (13.9%) (figura 8).
Por otro lado, las universidades que cuentan con mayor porcentaje de profesorado extranjero son la Universitat Pompeu Fabra, que sobresale sobre el total de universidades con 12.1 % de profesores extranjeros, así como cinco universidades más con porcentajes elevados: Universidad Carlos III de Madrid (5.9%); Autónoma de Barcelona (4.6%); Politècnica de Catalunya (3.7%); Rovira y Virgili (3.5%); Autónoma de Madrid (3.2%); de Barcelona (3%); y Universidad Rey Juan Carlos (3%) (figura 9).
En conclusión, la comunidad autónoma con mayor porcentaje tanto de alumnos como de profesores internacionales es Cataluña, liderando los mejores puestos a nivel institucional, las universidades Pompeu Fabra y Universitat Autónoma de Barcelona. Además, destacamos los elevados valores de porcentaje de profesorado internacional de la U. Carlos III de Madrid.
En la tabla 2 apreciamos los puestos que ocupan las universidades en seis de los rankings internacionales más importantes, siendo Madrid y Cataluña las que tienen más universidades (tres cada CC AA), seguidas de Andalucía con dos universidades y Valencia con una universidad.
Atendiendo al análisis institucional, las universidades con mayor prestigio internacional —porque acumulan mayor puntuación u ocupan los mejores puestos en los rankings internacionales— son: la Universidad Autónoma de Barcelona (con tres indicadores azules y dos amarillos), y seguidamente destacamos la Universitat de Barcelona (tres indicadores azules y uno amarillo), la Universidad Autónoma de Madrid (un indicador azul y tres amarillos) y la Universitat Pompeu Fabra (un indicador azul y uno amarillo).
En general, podemos afirmar que existe un conjunto de universidades que destacan en tres indicadores de internacionalización analizados. Las universidades con mayor producción científica excelente en el periodo 2014-2018 (tabla 1) son la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Madrid.
Las universidades con mayor porcentaje de alumnos y profesores internacionales son, para profesorado, Pompeu Fabra y la Universidad Carlos III de Madrid, y para estudiantes, la Pompeu Fabra y la Autónoma de Barcelona.
Por último, las universidades con mayor presencia en seis de los mejores rankings internacionales, son, de nuevo: la Autónoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Pompeu Fabra.
Por lo tanto, es evidente que España ha conseguido crear un modelo de excelencia universitario, que lo representan las CC AA de Madrid y Cataluña, en las que algunas de sus principales universidades públicas podríamos decir que forman la primera liga de universidades españolas al conseguir los mejores valores en todos los indicadores analizados. Estas universidades son Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Madrid.
Aparte, encontramos otras universidades españolas que se caracterizarían por ocupar puestos más secundarios en los indicadores señalados respecto a las universidades de la primera liga. De esta forma, las universidades españolas públicas de la segunda liga serían aquellas que al menos destacan en uno o dos indicadores del conjunto de los analizados.
La tercera liga estaría compuesta por el resto de universidades españolas, que no destacarían en ninguno de los indicadores analizados sobre internacionalización de la universidad y que, por lo tanto, no habrían desarrollado un modelo de universidad investigadora, sino que serían, principalmente, universidades docentes. Esta clasificación la podemos observar en la tabla 3.
Los diferentes gobiernos de España han impulsado varias iniciativas encaminadas a potenciar la producción investigadora de excelencia en las universidades, la atracción de talento y la presencia de universidades españolas en los rankings internacionales.
En primer lugar, destacamos el Informe sobre Financiación del Sistema Universitario Español redactado por la Comisión de Financiación en 2007, durante el gobierno del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) de Zapatero. Una de sus principales recomendaciones fue la de mejorar la posición internacional de las universidades españolas mediante el incremento de su producción científica. Este documento pretendía que el SUE alcanzase unos niveles altos de excelencia con el objetivo de situarlo entre los diez mejores sistemas de educación superior del mundo.
Del mismo modo, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) de 2007, reforzó la proyección exterior de las universidades y propuso mejorar la acogida de profesores y estudiantes internacionales. Al mismo tiempo, en 2008, se creó la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades españolas (Universidad.es) con el objeto de impulsar la competitividad de las universidades en la economía del conocimiento.
Otra de las grandes iniciativas de la reforma universitaria en España fue la Estrategia Universidad 2015 (EU15), aprobada en 2010 durante el Gobierno del PSOE, para promover la presencia y proyección internacional de las universidades españolas y que estas formaran parte de la élite universitaria europea. El principal objetivo de la EU15 era situar a las universidades españolas entre las 100 mejores de Europa dentro de los rankings internacionales. Para ello, se introdujo la iniciativa Campus de Excelencia Internacional (CEI), programa que facilitaba una financiación específica y un plan estratégico a los campus universitaritos con el fin de que éstos mejoraran su internacionalización y proyección internacional.
También bajo el gobierno del PSOE, se aprobó la Ley de Economía Sostenible en 2011. Entre sus objetivos se encontraba el de impulsar la competitividad e internacionalización de las universidades mediante la especialización formativa investigadora, así como fomentar la captación de talento.
Con la llegada al Gobierno del PP (Partido Popular) en 2011 y la puesta en marcha del Semestre Europeo, una de las primeras acciones llevadas cabo fue una evaluación del SUE a través del Informe del Comité de Expertos, Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español en 2013. Este informe, en la misma línea del EU15, pretendía incrementar la excelencia de las universidades españolas a través del fomento de la investigación de calidad para lograr un mayor prestigio internacional. Este documento estableció como objetivos: 1) consolidar una decena de universidades de calidad, es decir, research universities, con exigentes requisitos de admisión para seleccionar a los estudiantes más excelentes; 2) conseguir unas 25-30 universidades especializadas en algún área del conocimiento; y 3) que el resto de universidades se dedicaran principalmente a la docencia con algunos departamentos investigadores.
Dentro del Plan de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, aprobado por el PP en 2013, se desarrolló el Programa de Fortalecimiento Institucional con el objetivo de financiar centros de investigación altamente competitivos, con dos distintivos: Centro de Excelencia Severo Ochoa y Unidad de Excelencia María Maeztu. Por último, es preciso destacar, en 2015, la Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas (2015-2020),que supuso un mayor refuerzo hacia la proyección internacional del SUE, así como hacia la excelencia y competitividad de las universidades españolas en la economía del conocimiento.
En suma, han sido varias las iniciativas desarrolladas por los diferentes gobiernos para promover la internacionalización de la universidad pública española.
En el caso español, podemos ver claramente como el PP en el gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis del euro de 2011, aprobó reformas políticas que han intensificado la privatización de la universidad española. Principalmente el RD Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, ha supuesto una mayor dificultad del acceso asequible a este nivel académico, ya que se han traducido en un aumento de las tasas de matrícula sin buenos sistemas de ayudas a estudiantes, generando un gran gasto familiar.
En cuanto a las políticas que promueven la internacionalización de la universidad pública, si se considera que las instituciones de educación superior contribuyen al desarrollo económico y son componentes estratégicos para ganar competitividad en la economía del conocimiento (Brunner et al., 2019), resulta indudable el éxito del conjunto de acciones y reformas políticas, que tanto PP como PSOE han aprobado en este sentido.
Estas reformas han dado como resultado una mayor diversificación de la universidad pública española generando universidades con diferentes categorías: universidades de primera categoría que han desarrollado un modelo de universidades de élite que destacan sobre el resto por su actividad investigadora, su atracción de talento y presencia en los rankings internacionales; universidades de segunda categoría que despuntan en alguno de los indicadores mencionados, pero en menor medida que las anteriores; y universidades de tercera categoría que no destacan en dichos indicadores y que se caracterizan principalmente por ser universidades docentes.
El gran inconveniente es que el impulso de la internacionalización de la universidad pública, junto con las reformas políticas que han supuesto una privatización de la financiación de la educación superior en España, es decir, las políticas que han acentuado la repartición de costes, han desencadenado que las universidades de primera categoría establezcan precios de matrícula más elevados, lo que acentúa en mayor medida las diferencias con las universidades de segunda y tercera categoría.
El modelo de universidad de élite español ha sido adoptado principalmente por cuatro universidades públicas: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Madrid. Estas universidades pertenecen a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, que son las regiones españolas que presentan las tasas económicas más elevadas del panorama nacional y, además, las que menor porcentaje de beneficiarios de becas tienen. Por consiguiente, es evidente que este modelo de universidad en el contexto español dificulta en mayor medida el acceso a la educación superior.
Esta situación muestra cómo estas universidades de élite, cuyos títulos universitarios terminarán teniendo más valor académico que los de otras universidades en el mundo laboral, por la marca institucional de prestigio y calidad que crean, interponen más barreras al acceso a los estudios superiores. Además, nos ayuda a detectar cómo, tras escenarios de crisis económica, se aplican políticas en el ámbito de educación superior que terminan enfatizando las desigualdades, lo que al mismo tiempo nos debe servir para reflexionar sobre las próximas reformas políticas universitarias en el nuevo contexto de declive económico en el que nos encontramos tras la COVID-19.
*Alexandra Carrasco-González
Española. Doctora en Educación. Académica, Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, Universidad de Valencia, España; Miembro del equipo de investigación POLISOC (Políticas Educativas, Interculturalidad y Sociedad), Universidad de Valencia, España. Temas de investigación: gobernanza universitaria; privatización de la educación superior; universidad. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6653-8191. alexandra.carrasco@uv.es Regresar
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