Los espacios universitarios no se encuentran libres de la existencia de violencia de género, particularmente de hostigamiento y acoso sexual. En respuesta, las instituciones de educación superior han desarrollado acciones diversas, entre las que se incluyen la sensibilización, el desarrollo de protocolos y los mecanismos de atención. Empero, el impacto de estas acciones en la reducción de la incidencia del fenómeno no ha sido abordado suficientemente. El propósito del presente estudio fue identificar la prevalencia de acoso y hostigamiento sexual en estudiantes inscritos en una universidad pública estatal, ante las acciones institucionales emprendidas para su erradicación. Se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y alcance descriptivo, donde se aplicó un cuestionario a 396 estudiantes de una misma facultad. Entre los hallazgos se confirma la extensión del fenómeno, su normalización y la insuficiente difusión y aplicación de las políticas y el protocolo existente.
Palabras clave: violencia de género, acoso sexual, universidades públicas, México.
Os espaços universitários não estão livres da existência de violência de gênero, particularmente de intimidações e assédio sexual. Em resposta, as instituições de ensino superior têm desenvolvido uma série de ações, incluindo a conscientização, o desenvolvimento de protocolos e mecanismos de atenção. No entanto, o impacto dessas ações na redução da incidência do fenômeno não tem sido suficientemente abordado. O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de intimidação e assédio sexual em estudantes matriculados em uma universidade pública estadual, perante as ações institucionais empreendidas para erradicá-los. Foi realizada uma pesquisa quantitativa e descritiva, onde foi aplicado um questionário a 396 alunos da mesma faculdade. Se constatou a confirmação da extensão do fenômeno, sua normalização e a insuficiente disseminação e aplicação das políticas e protocolos existentes.
Palavras chave: violência de gênero, assédio sexual, universidades públicas, México.
University environments are not free from the existence of gender-based violence, particularly bullying and sexual harassment. In response, higher education institutions have developed various actions, including consciousness-raising actions and the implementation of protocols and attention procedures. Nevertheless, the impact of these actions in reducing the incidence of the phenomenon has not been sufficiently studied. The present study aimed to identify the incidence of sexual harassment and bullying among students enrolled in a state public university, in comparison with the institutional actions undertaken for its eradication. A quantitative and descriptive research was carried out, in which a questionnaire was applied to 396 students enrolled in the same faculty. Among the results, we confirmed how generally this phenomenon is incrusted in the institutions, its social normalization and the inadequate promotion and execution of the existing policies and protocols.
Keywords: gender violence, sexual harassment, public universities, Mexico.
La violencia es un fenómeno global ampliamente estudiado que se ha asociado al poder, inequidad, capital, salud y crimen. Es también uno de los principales obstáculos para alcanzar la equidad de género, ya que de acuerdo con la teoría de regímenes de género se encuentra instaurada a nivel macro (Hearn et al., 2022). De entre las distintas formas de violencia, se considera a la de género como una de las más insidiosas al presentarse de forma continuada en distintos ámbitos, tipos y severidades (Evangelista, 2019).
De acuerdo con datos estadísticos de 2016 para el panorama nacional, 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo. Esto significa que 30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez, a lo largo de su vida. De estas, la mitad de las mujeres (53.1%) sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja, ya sea en el trabajo, la escuela o algún lugar público. A su vez, cerca de la mitad de las mujeres que trabajaron y estudiaron han experimentado violencia sexual en los últimos 12 meses. Especialmente, es relevante la violencia sexual enfrentada por las mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años, la mitad de las cuales ha sido agredida sexualmente (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2019: 1).
Dentro de esta violencia, la que experimentan las mujeres al interior de las instituciones educativas no es insignificante. De acuerdo con un informe del INEGI sobre violencia en el ámbito escolar para el periodo de referencia de 2016, de cada 100 mujeres que han asistido a la escuela alguna vez en la vida, 11 fueron violentadas sexualmente. Se reporta en este indicador a la intimidación sexual (8.7%), el acoso u hostigamiento sexual (1.4%), el abuso sexual (4.3%) y la violación e intento de violación (0.8%) (INEGI, 2020: 185).
La violencia de género es, por tanto, uno de los problemas sociales más extendidos en nuestro país, pudiendo identificarse tanto en el ámbito privado como en el público. Para atender este problema, en materia legislativa, a nivel federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (Gobierno de México, 2023) y en el ámbito estatal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California (Gobierno de Baja California, 2008), definen los distintos tipos de violencia, así como los derechos de las mujeres y las responsabilidades de las instituciones para garantizar su efectivo actuar en la protección de estos derechos.
La LGAMVLV define a la violencia laboral y docente como “aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede basarse en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual” (Gobierno de México, 2023: 6).
El acoso sexual incluye distintos comportamientos que pueden clasificarse en: a) Físicos, como violencia física, tocamientos o acercamientos innecesarios; b) Verbales, como peticiones de favores sexuales, comentarios y preguntas sobre el aspecto, estilo de vida u orientación sexual; c) No físicos, como silbidos, gestos de connotación sexual, exposición de objetos pornográficos, miradas sexualmente sugerentes, acecho y la exposición de los órganos sexuales de una persona a otra (Organización de las Naciones Unidas, 2020; Echeverría et al., 2017).
A su vez, de acuerdo con el artículo 13 de la misma LGAMVLV (Gobierno de México, 2023: 6) el hostigamiento sexual se presenta cuando existe una relación de subordinación de la víctima frente al agresor, mientras que en el acoso sexual esta no existe, pero de igual manera se presenta la violencia mediante el ejercicio abusivo de poder. Así, trasladado al contexto educativo estas manifestaciones pueden darse en la relación docente-estudiante, administrativo-estudiante o estudiante-estudiante.
En este artículo se presentan los resultados de un estudio realizado para determinar la prevalencia de acoso y/o hostigamiento de tipo sexual en el ámbito educativo de estudiantes inscritos en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). El interés en esta Facultad en particular reside en su oferta académica en ingeniería, arquitectura y diseño, campos considerados tradicionalmente como masculinos o masculinizados. La presencia de mujeres en estos programas aún enfrenta diversas desigualdades, con la violencia de género como una las manifestaciones más apremiantes de las estructuras de género presentes en las universidades (Varela, 2019).
Las autoras del presente estudio son investigadoras de la UABC y dos de ellas han participado como asesoras y divulgadoras de las iniciativas institucionales en contra de la violencia de género. Su experiencia les ha permitido constatar de primera mano tanto la existencia de denuncias presentadas ante las autoridades universitarias y su seguimiento, como de aquellas quejas que no llegan a formalizarse. Esta investigación se realizó a fin de contar con información que permita la construcción de una visión más completa de la incidencia de esta violencia y del impacto que han tenido a la fecha las iniciativas institucionales para contrarrestarla. Para ello, el artículo se ha organizado de la siguiente manera: se inicia presentando la postura teórica desde la cual se aborda la investigación para posteriormente establecer como marco referencial el estado general de los estudios existentes sobre el tema en el ámbito nacional. A continuación, se describe el contexto de la investigación y la metodología seguida. Posteriormente se presentan los resultados y se da paso a su discusión y conclusión.
A pesar de ser espacios de ideas y conocimiento, en las instituciones de educación superior (IES) se mantienen estructuras de género que limitan la participación de las mujeres en igualdad y replican la violencia de género (Ballarín, 2015; Trujillo y Contreras, 2020). En una sociedad violenta, los espacios educativos no han sido capaces de sustraerse de estas expresiones, en particular de aquellas que se encuentran tan sistematizadas que en muchos casos son minimizadas o ignoradas. Tanto a nivel de estudiantado como de academia, la presencia de las mujeres continúa enfrentando obstáculos no visibilizados en sus practicas cotidianas. Para Hernández et al. (2015) la universidad sigue siendo un espacio dominado por los hombres, quienes sostienen su predominio en la discriminación. Se ejerce así una violencia asociada al poder, a sostener el status quo del derecho de dominio patriarcal, un tema que ha sido abordado desde las distintas corrientes del feminismo a fin de comprender la violencia de género y plantear soluciones acordes (Varela, 2019).
No obstante, la violencia de género al interior de las IES no ha sido suficientemente teorizada a nivel de la organización. En general, la literatura relacionada con los estudios de violencia de genero hace énfasis en una epistemología occidental, que deja de lado a otras culturas y visiones para centrarse en el individualismo, olvidandose así de los contextos estructurales en que ocurre (McLean, 2023). En esta cultura, la universidad neoliberal mantiene las estructuras de género a partir de sus valores que se encuentran centrados en el individualismo, la competencia y la reputación de mercado. En consecuencia, los individuos poseen un valor diferenciado que depende de su aportación a los indicadores y el ranking de la institucion (Gardiner y Finn, 2022; O’Connor et al., 2021). Ante una denuncia, ¿se valora igual a una estudiante, un profesor novel y un académico experimentado cuya red de colaboraciones al interior y exterior de la organización contribuye al prestigio de la misma? Si bien la respuesta oficial es clara y se inclina en favor del más vulnerable, los autores reportan que en la práctica estas diferencias dificultan el ejercicio de acciones correctivas rigurosas.
Las IES son particularmente vulnerables a la presión de sostener un ejercicio de poder que consolida las posiciones dominantes y a la normalización de acciones hostiles y microagresiones. En su análisis de la literatura sobre violencia de género en las IES, O’Connor et al. (2021) identifican tres factores relacionados con el poder en ámbitos académicos que facilitan la violencia de género: un carácter jerárquico predominantemente masculino; la ética de gestión neoliberal que se centra en la competencia y el individualismo; y un liderazgo de género incompetente que perpetua el derecho masculino, el sexismo y las masculinidades tóxicas.
Aún con el auge que se ha dado en el número de estudios sobre violencia de género en las universidades, incluyendo el anteriormente citado, para su atención continúa se aborda como un problema individual y no como un problema de la organización (Burke et al., 2023). De este modo, se coloca la responsabilidad en el individuo, manteniéndose así la falta de reconocimiento a su existencia. Y es que al desplazar la responsabilidad hacia el individuo no se reconoce el papel que juegan las condiciones estructurales de la misma organización y se restringe el alcance de los mecanismos de atención que se implementan. De esta forma, incluso las políticas de cero tolerancia llegan a tener al final un carácter de protección a la universidad y su reputación de mercado.
En entrevista con líderes femeninas a cargo de implementar políticas de genero en universidades de Canadá, Gardiner y Finn (2022) encuentran las siguientes características en común en las instituciones, a partir de la narración de sus experiencias: una misoginia insidiosa al interior de la universidad en todos los niveles; resistencia oficial a nombrar la violencia de género subyacente como tal y en su lugar uso de eufemismos o expresiones minimizadoras; grupos de resistencia o aplicación desigual, contradicciones de un enfoque que se centra primordialmente en aspectos legales de protección a la institución y no a sus integrantes más vulnerables.
Las autoridades actúan más de forma reactiva que proactiva ante las situaciones que se presentan. Estas se tratan como casos aislados, correspondientes a situaciones individuales de quienes los perpetran. Los representantes institucionales tienden a abordar estos casos con opacidad, sin reconocer la existencia de un problema sistémico. Esta reacción de las autoridades puede explicarse por el temor a generar una oleada de denuncias con la consecuente afectación a la reputación de la institución y, en mayor medida, por no alcanzar a dimensionar la extensión de la violencia de género existente (Varela, 2019). Este último argumento explicaría la impresión que generan las declaraciones públicas oficiales sobre aquellas quejas que son ventiladas en los medios, según la cual a la mayoría de las autoridades les produce temor encontrarse con casos de acoso y hostigamiento sexual (Hernández et al., 2015).
Además, a pesar de sus mejores esfuerzos, la educación formal no disminuye las relaciones de poder desiguales entre géneros a menos que desarrollen programas con este fin (Trujillo y Contreras, 2020). Estos programas tienen que ver con la formación en el tema a quienes más lo necesitan, las mismas autoridades, y la transversalización del tema en la institución y sus programas. En cuanto a los protocolos, a pesar del incremento en el número de IES que cuentan con marcos normativos para atender la violencia de género, esto no ha sido suficiente ni está dando los resultados esperados (Varela, 2019).
Como se señaló al inicio de este artículo, los actos de violencia, incluida la sexual, pueden ocurrir en distintas circunstancias y entornos, incluido el contexto educativo. Corresponde a las instituciones garantizar que sus espacios se encuentren libres de violencia; así como promover una cultura de la prevención y la no tolerancia a los actos de esta naturaleza que atenten contra cualquiera de sus miembros, con independencia de su género. Así entonces, la Ley General de Educación Superior (Gobierno de México, 2021) establece que las IES promoverán en su ámbito de competencia las medidas necesarias para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la de género.
La mayoría de las investigaciones sobre violencia de género en las universidades se han desarrollado en Norteamérica y Europa a partir de la década de los noventa (Aguilar, Alonso, Melgar y Molina (2009), citado en Echeverría et al., 2017). En estos países la mayoría de las universidades han implementado medidas de atención a las víctimas y de prevención de la violencia (Larena y Molina, 2010).
En México son destacables los estudios sobre violencia de género desarrollados en universidades públicas y privadas realizados en la última década. Encontramos así entre los más extensos el estudio sobre violencia escolar elaborado en conjunto por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) (Briseño, 2019; Echeverría et al., 2017); los estudios recientes sobre violencia de género efectuados por la Universidad Veracruzana (García, 2019); y los diferentes estudios producidos al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Mingo y Moreno, 2015; Mingo, 2016). Estos estudios muestran la existencia extendida del fenómeno y la variedad de sus manifestaciones, así como el hecho de presentarse en individuos de ambos sexos, con un ligero sesgo hacia el género femenino.
En cuanto al acoso escolar, el 59.6% de los alumnos estudiados en una universidad pública de Morelos refirió haber sufrido las situaciones descritas una o dos veces en el curso (López, 2017). Al igual que el 40% de los participantes en un estudio realizado en cuatro universidades públicas de los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Oaxaca (Evangelista y Mena, 2017). El alto porcentaje de ocurrencia y la cantidad de estados en que se identifica dan buena cuenta de lo extendido del problema.
Respecto a los estudiantes de la UABC, son escasos los estudios recientes planteados en torno a la violencia de género. Puede destacarse la investigación desarrollada en 2017 por Sández et al. (2019) dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la que se entrevistó a una muestra del universo femenino de estudiantes. De acuerdo con los resultados obtenidos por dicha investigación, todas las formas de acoso cuestionadas fueron señaladas como presentes en la unidad académica, con distintas frecuencias de ocurrencia. Las agresiones más comunes fueron comentarios sobre el cuerpo, invasión del espacio personal, miradas lascivas o que incomodan. La mayor frecuencia de ocurrencia correspondía a los mismos compañeros. Señalan una normalización del acoso verbal y más de la mitad de las estudiantes declaran que no se promueve el respeto hacia la mujer en la unidad académica. Asimismo, el 47.9% de las alumnas indica que no tienen conocimiento sobre las personas que podrían ayudarlas ante una situación de acoso.
En la misma UABC se han presentado “tendederos” de denuncia durante el activismo del 8 de marzo. Para Masinire y Sánchez-Cruz (2023) los tendederos son una manifestación de la ineficacia de los mecanismos de atención a la violencia de género de las IES. Si bien estas formas públicas de denuncia no son tomadas en cuenta para iniciar procedimientos formales, su auge entre 2019 y 2020 contribuyó a visibilizar públicamente el problema y a la construcción de protocolos de atención en las instituciones del ámbito nacional.
Por su parte, el tema se ha abordado en la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), desde las Redes Regionales de Estudios de Género. A nivel nacional se estableció en agosto de 2009 la Red Nacional de IES: Caminos para la Equidad de Género (RENIES). Adicionalmente, se ha emitido una Declaración para establecer un compromiso con el tema de parte de los distintos rectores y autoridades asociadas (Ordorika, 2015).
De acuerdo con datos presentados por Ortiz et al. (2022), solamente 54 de 203 instituciones afiliadas a la ANUIES contaban a inicios de 2021 con protocolos emitidos de atención a la violencia de género. Estos protocolos fluctuarían entre analizar la violencia desde la perspectiva de género y referirse únicamente a la violencia contra las mujeres. Adicionalmente, de acuerdo con el mismo análisis, la mayoría de los protocolos carecen de acciones de prevención, responsables o recursos con lo que sostener un enfoque punitivo.
Para Tlalolin (2017) el gran reto de intentar analizar la violencia en las universidades radica en su normalización. Al encontrarse instituida sistémicamente, no se visibiliza ya que se considera como parte de las dinámicas habituales de convivencia. De igual manera, Martínez Lozano (2019) da cuenta de cómo estas violencias son consideradas dentro de las relaciones habituales en el aula y muchas veces se trivializan empleando el humor. Es por tanto importante contar con un dimensionamiento del problema que visibilice y fundamente el desarrollo de acciones de prevención y combate.
El papel de las instituciones educativas es crucial en la prevención de la violencia. El contar con un diagnóstico del hostigamiento o del acoso sexual que los estudiantes universitarios padecen por parte de docentes, personal administrativo, autoridades o de otros estudiantes es esencial para poder analizar necesidades existentes y desarrollar programas de prevención y atención pertinentes (Echeverría et al., 2017). El contar con estas medidas en las universidades contribuye a la construcción de un ambiente donde se reconozcan las expresiones de violencia de género, las agresiones sean más fácilmente identificables, se favorezca la denuncia y se avance hacia su erradicación (Aguilar et al., 2009).
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC) forma parte de la UABC la cual es una universidad pública estatal del noroeste de México. La FCITEC cuenta con 2 820 alumnos inscritos, de los cuales el 59.3% son hombres y el 40.7% restante son mujeres (UABC, 2021). Como se ha señalado anteriormente, en esta facultad se ofertan programas educativos de licenciatura y posgrado en las áreas de ingeniería, arquitectura y diseño. En esa Facultad no se cuenta con un registro de los reportes o quejas de acoso u hostigamiento presentados, lo que dificulta el seguimiento a la evolución del fenómeno. La falta de registros oficiales es un problema extendido entre las diversas IES, junto al hecho de que muchos de los casos existentes no son reportados.
La UABC instituyó a principios de 2020 los Comités de Prevención y Atención a la Violencia de Género (COPAVIG). La naturaleza de los comités es primordialmente preventiva y tienen por objetivo procurar que las funciones sustantivas de la universidad se desarrollen con perspectiva de género (Universidad Autónoma de Baja California, 2020a). Adicionalmente, en noviembre de 2020 (Universidad Autónoma de Baja California, 2020b) se publicó el “Protocolo de atención y seguimiento a casos de violencia de género de la Universidad Autónoma de Baja California”. Con esto, se establecen los mecanismos e instancias responsables para la atención a estos casos.
De manera paralela, con la finalidad de facilitar el acceso a los mecanismos de atención, se instituyó en noviembre del 2019 la aplicación móvil “No+”, a través de la cual pueden presentarse denuncias ante situaciones de violencia, discriminación o actos delictivos (Universidad Autónoma de Baja California, 2021a). Esta aplicación se propone por la institución como el medio más inmediato para reportar casos de violencia de género, así como el espacio oficial para su registro y seguimiento por parte de los COPAVIG.
A pesar del importante avance que representan las iniciativas mencionadas, estas no se han acompañado aún de una estrategia para evaluar su impacto. Es por ello que en el presente estudio se exploró la prevalencia de violencia de género de tipo sexual entre estudiantes de la FCITEC, así como su conocimiento y valoración de las estrategias universitarias que se han implementado para contrarrestarla.
Se desarrolló un estudio con diseño de tipo cuantitativo, transversal, observacional y alcance descriptivo. Para recopilar los datos se aplicó un cuestionario adaptado culturalmente que evalúa las experiencias de la violencia de género en el ámbito universitario, con énfasis en el acoso y el hostigamiento sexual.
El instrumento tomó como base los cuestionarios propuestos para evaluar incidencia de acoso y hostigamiento en el ámbito mexicano de educación superior (Evangelista, 2019; Echeverria et al., 2017), así como el estudio sobre percepción de violencia de género en el entorno universitario español de la Universidad de Leída (Calero y Molina, 2013). Si bien se empleó un cuestionario estructurado de corte cuantitativo, se proporcionó además una pregunta abierta al final del instrumento, en la cual se invitó a los participantes a externar comentarios adicionales sobre el ejercicio y/o sobre experiencias relacionadas con el tema. Se realizó primero una prueba a un grupo piloto de cinco estudiantes y con base en los comentarios vertidos se clarificaron conceptos, se agregaron opciones de respuesta y se omitieron preguntas consideradas ajenas a su contexto.
Para desarrollar el estudio se estableció una muestra no probabilística por cuotas de la población estudiantil de la FCITEC. Los subgrupos fueron elegidos por programa educativo, de acuerdo con la representatividad proporcional que cada uno tiene sobre el total de la matrícula. De acuerdo con los reportes estadísticos de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles de UABC (Universidad Autónoma de Baja California, 2021), en el ciclo 2020-2 la matrícula de la FCITEC fue de 2 820 estudiantes inscritos en 13 programas. La muestra constó de 396 participantes, con lo cual se obtuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.57%.
La aplicación del instrumento se realizó en línea, de forma autoadministrada, utilizando un formulario electrónico de Google Forms. La invitación a responder el cuestionario se realizó tanto por correo electrónico masivo entre los estudiantes de la Facultad, como a través de la invitación de docentes y responsables de programa educativo.
Los datos fueron analizados con el software estadístico SPSS versión 23 para Windows. El sexo de los respondientes corresponde en un 52.8% a mujeres y 46.2% a hombres, mientras que un 1% prefirió no indicarlo; por su parte, la edad promedio fue de 21 años.
En el cuestionario se proporcionan diferentes situaciones de violencia de género de tipo sexual y se pregunta a los estudiantes si las han vivido o presenciado en el ámbito universitario. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 43.7% de los estudiantes encuestados ha vivido directamente alguno de estos tipos de violencia. Al segmentar este resultado por género, se encuentra que el 55% de las mujeres y el 25.1% de los hombres encuestados reportan haber vivido directamente al menos una de estas violencias.
Otro aspecto a considerar reside en la percepción de violencia y cómo la normalización de esta contribuye a su perpetuación dentro de la cultura escolar. Entre los encuestados, hasta el 66.2% de mujeres y el 45.4% de hombres reportan que han vivido y/o presenciado estos actos de violencia de género de tipo sexual. Así, la percepción de violencia se incrementa al considerar que tanto hombres como mujeres son testigos silenciosos de su existencia. La exposición a estos actos también victimiza, al verse inmersos a un ambiente donde existe y se tolera la violencia. Un punto para tomar en cuenta es que el instrumento proporciona una descripción de las situaciones y los estudiantes indican si lo han presenciado o no, lo que deja espacio para saber si en su momento lo identificaron como violencia y decidieron no tomar acción o si por el contrario la vivieron como habitual.
En cuanto a las formas de acoso u hostigamiento más reportadas, estas son, en primer lugar, las miradas morbosas o gestos sugestivos; a continuación, las bromas hirientes o descalificaciones; y en tercer lugar los piropos, comentarios o frases de carácter sexual. Sin embargo, como puede apreciarse en la tabla 1, también se reporta la existencia de casos graves como el intento de violación y el haber sido forzados a mantener relaciones sexuales.
En todos los casos indagados, son los hombres quienes agreden más frecuentemente, pero las mujeres también han sido señaladas como agresoras. Por su parte, la forma de violencia que más perpetran las mujeres son las bromas hirientes o descalificaciones.
Se identifica a otros estudiantes como los principales agresores. Sin embargo, también ejercen violencia los docentes, autoridades escolares y el personal administrativo (donde se incluyen secretarias, almacenistas, personal de limpieza y jardinería). Por su parte, la violencia ejercida por los docentes se presenta principalmente como miradas morbosas o gestos sugestivos y bromas hirientes o descalificaciones que incomodan y agreden a quienes los reciben. De acuerdo con la LGAMVLV, la violencia docente “daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad” (Gobierno de México, 2023: 6).
Para atender esta problemática, a nivel institucional la UABC ha instaurado mecanismos destinados a prevenir, detectar y atender los casos de violencia de género. Sin embargo, el 73.7% de los estudiantes encuestados afirma no conocerlos a pesar de que han sido difundidos por medios electrónicos oficiales. Por otra parte, estos mecanismos son bien valorados entre quienes sí los conocen, considerándolos mucho o bastante Accesibles (89.4%), Adecuados (88.4%) y Efectivos (78.8%). El anexo 1 presenta las preguntas incluidas en el cuestionario con el propósito de indagar sobre la percepción de los estudiantes ante el actuar institucional.
Ahora bien, no siempre se identifica la violencia. Su sistematización y normalización dificulta el reconocimiento de todas sus manifestaciones. Al preguntarse a los estudiantes “En caso de que hayas sufrido violencia de género en UABC FCITEC, ¿a dónde o a quién acudiste?”, el 77.7% manifiesta no haber sufrido violencia de género dentro de la institución. Esto contrasta con los resultados obtenidos al indagar sobre conductas puntuales, según los cuales el 43.7% ha vivido al menos una de estas experiencias. Como lo expresan Lombardo y Bustelo (2021), el acoso sexual entre estudiantes y personal académico es subreportado de forma sistemática, debido a que la violencia sufrida no necesariamente es reconocida por las víctimas y a que estas no reciben el apoyo suficiente para reportarla.
Así pues, de entre quienes sí reconocen haber sufrido violencia de género, la mayoría no acudió a nadie (35.2%). Estos casos quedaron sin ser reportados y quienes los sufrieron no recibieron apoyo para romper el ciclo de violencia. Un indicio del porqué de este silencio lo proporciona un respondiente quien declara que “no se puede hacer nada por que podría haber represalias académicas”.
En contraparte, quienes reportaron acudieron con su tutor académico (18.2%), al Departamento Psicopedagógico de la Facultad (12.5%), a un docente de confianza (6.8%), a la Coordinación del Programa educativo (PE) (5.7%) o a la Dirección de la Facultad (5.7%). Como puede observarse en la tabla 2, los mecanismos universitarios de atención a violencia de género no figuran entre las primeras instancias a las que recurren los estudiantes. Así, por ejemplo, solamente acudió a la aplicación universitaria “No+” el 1.1% y al COPAVIG el 1.1% de quienes denunciaron. Este resultado se corresponde con el desconocimiento expresado por los estudiantes sobre los mecanismos institucionales para atender esta problemática y pone de manifiesto la importancia de difundirlos entre la comunidad universitaria. Siendo uno de los primeros contactos, los tutores y docentes deben contar también con la sensibilización e información pertinentes, que les permita orientar a los estudiantes adecuadamente y/o reportar posibles episodios de violencia.
Tanto a quienes reportaron haber sufrido violencia como a quienes no lo hicieron, se les preguntó, ¿cómo actuarías en caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso sexual en la UABC? Se brindaron varias opciones de respuesta, las cuales se muestran en la tabla 3. Como puede observarse, más de la mitad de los estudiantes indican que lo comunicarían a un órgano universitario. Esto refuerza lo anteriormente expresado, en cuanto a la importancia de que se conozca la instancia universitaria a cargo de atender y prevenir la violencia de género. En palabras de un respondiente:
Cabe señalar que se obtuvieron otras respuestas por parte de los participantes, incluyendo el hacerlo público, como extraemos de dos de ellas:
Finalmente, se recibieron comentarios en torno al tema por parte de 32 de los estudiantes encuestados y sus respuestas forman parte de la discusión cualitativa de resultados. Estos comentarios se pueden agrupar en las siguientes temáticas:
Como ha podido observarse a partir de los resultados cuantitativos y de las opiniones vertidas, existe desconfianza entre los estudiantes en el actuar de las autoridades universitarias ante las denuncias que les son presentadas. Denotan escepticismo ya que en su opinión no se da el seguimiento adecuado, quedando las quejas reducidas a llamadas de atención a los agresores o, en el caso del personal acosador, observan que continúa laborando y/o impartiendo clases en la universidad. Como indicó una participante:
En consecuencia, con esta percepción se preserva la cultura de la no denuncia y la impunidad en los actos de violencia.
Para Burke et al. (2023), es importante dejar de tratar a los casos que se presentan como situaciones individuales y por el contrario, revisar los procesos y estructuras de género existentes en la universidad. El foco en lo individual preserva la violencia de género y desalienta la denuncia colocando la presión en el estudiante y asignándose muchas veces una línea de tiempo para su “recuperación” progresiva. Los estudiantes que enfrentan violencia de genero bajo este paradigma se sienten avergonzados y excluidos de la institución, lo que dificulta el que en primer lugar soliciten ayuda.
Con respecto a los comentarios que señalan la existencia de una cultura sexista en los programas de ingeniería, se reconoce a este tipo de carreras como masculinas debido al alto número de hombres que las estudian y ejercen, con respecto al de mujeres. Los esquemas de discriminación que persisten en las universidades son también corresponsables de esta segregación disciplinar que lleva a un menor número de mujeres ingresando a carreras consideradas como masculinas. En estos espacios existe una falta de reconocimiento a las condiciones de género y una normalización por parte de estudiantes académicos y personal administrativo de la violencia y acoso estudiantil (Cerva, 2017). En particular, en los programas de ingeniería se encuentra bien documentada la violencia de género. Las bromas, comentarios condescendientes y en general, la diferenciación, buscan reiterar que son espacios masculinos donde la mujer es “tolerada” pero no se puede permitir considerarlos como propios (Ballarín, 2015).
El generar políticas institucionales y mecanismos, para la atención y denuncia ante actos de violencia de género, proporciona un marco normativo necesario para atender el problema. Sin embargo, la inacción ante las denuncias —o la percepción de inacción— es un factor que desalienta la participación comunitaria necesaria para erradicarlo. En el caso particular de la UABC, existen importantes avances en las acciones institucionales encaminadas a erradicar la violencia de género como son la integración de un protocolo de atención, el desarrollo de una aplicación móvil y el mismo establecimiento de los COPAVIG. Empero, aún es necesario que estas acciones y sus resultados sean más difundidos, para hacerlos del conocimiento de toda la comunidad universitaria y fortalecer su confianza en el actuar de la institución ante una situación de este tipo.
Una de las limitantes observadas en la aplicación de los mecanismos de atención reside en la insuficiente coordinación entre el trabajo de los tutores, el personal docente y las coordinaciones académicas con los COPAVIG. Según las respuestas recibidas, la mayoría de quienes sufren violencia recurren a una figura de confianza a la cual tienen fácil acceso dentro de su ámbito. Por otro lado, las mismas respuestas no aportan evidencia en el sentido de que los estudiantes hayan sido canalizados o informados sobre los mecanismos institucionales a su disposición.
Con el presente trabajo se pone de manifiesto la existencia de violencia de genero de tipo sexual en los estudiantes de la Facultad, así como un insuficiente conocimiento de los mecanismos de atención y prevención desarrollados por la universidad. Estos mecanismos son bien valorados en lo general por quienes los conocen, sin embargo, es conveniente su valoración a partir de los resultados de su aplicación a fin de poder realizar adecuaciones en beneficio de estudiantes, docentes y personal administrativo.
A partir del enfoque teórico y los trabajos discutidos sobre la implementación en las IES de normativas para atender los reportes de violencia de género, se ha presentado la necesidad de contar con un enfoque integral a lo largo de las instituciones. En el caso presentado, los mecanismos de atención y los medios de denuncia brindados por la UABC son bien valorados por los estudiantes y sin embargo, no se ha generado un conocimiento colectivo de los mismos y una concientización a todo los niveles del alcance existente de la violencia de género. Esto indica que a pesar de las acciones realizadas se comparten los problemas reportados en otras IES, con un abordaje superficial a la problemática. Así, se atiende a la política nacional orientada a la instauración de medidas oficiales que contrarresten la violencia de género pero, una vez realizado el ejercicio de instauración, no ha sido suficiente para descender desde los niveles jerárquicos más altos hasta los diversos actores involucrados, con los tutores o asesores psicopedagógicos como primeros respondientes.
Este es un caso que puede encontrar similitudes en las diversas IES que han cumplido recientemente con la emisión de normativas e instauración de dependencias, pero continúan enfrentándose a resistencias internas y un número de casos reportados que no se acerca a la verdadera magnitud del fenómeno al darse a conocer únicamente los mas graves. Apertura a la discusión pública, franca y proactiva, así como atender las denuncias con una mirada que considere en sus determinaciones tanto al individuo como a la estructura, son bases necesarias para la autocrítica y la evolución de las IES.
Cabe mencionarse que posterior a la realización de este estudio la UABC creó la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa (UGDIE),
La UGDIE coadyuva a la transversalización de la perspectiva de género en la institución, lo que supondría un avance para su institucionalización. En opinión de Cerva (2017), ésta implica incluir el principio de la igualdad de género tanto en las prácticas como en las mismas estructuras de la vida universitaria para producir un cambio a profundidad.
El instrumento de recolección de datos se aplicó durante el primer ciclo escolar en que se retornó por completo a la presencialidad, tras año y medio de enseñanza virtual como consecuencia de la contingencia global por Covid-19. Durante el ciclo previo, las actividades presenciales estuvieron limitadas a un número reducido de grupos, dependiente de la naturaleza de los cursos. En consecuencia, la experiencia de los participantes en el contexto universitario resultó limitada en comparación con la que estos hubiesen tenido en circunstancias habituales de presencialidad.
*Patricia Avitia-Carlos
Mexicana. Doctora en Sistemas y ambientes educativos, Universidad de Guadalajara, México. Profesora Investigadora de Tiempo Completo, Coordinadora General del Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital, Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México. Temas de investigación: gestión de la innovación y la transformación digital en las organizaciones, adopción de tecnología con perspectiva social en el proceso educativo y competencia digital. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9448-7558. patricia_avitia@uabc.edu.mx Regresar
**Yolanda-Viridiana Chávez-Flores
Mexicana. Doctora en Psicología con orientación en calidad de vida y salud, Universidad de Guadalajara, México. Profesora Investigadora de Tiempo Completo, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México. Temas de investigación: calidad de vida y conductas de riesgo en juventudes, autolesión no suicida, riesgo suicida, salud mental, diseño y evaluación de intervenciones psicosociales, atención y cuidado de la salud. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0613-167X. viridiana.chavez@uabc.edu.mx Regresar
***Norma Candolfi-Arballo
Mexicana. Doctora en Sistemas y ambientes educativos, Universidad de Guadalajara, México. Profesora Investigadora de Tiempo completo, Coordinadora de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México. Temas de investigación: gestión de desarrollo de proyectos sobre competencias y habilidades tecnológicas en los diversos sectores económicos y en comunidades vulnerables. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9167-104X. ncandolfi@uabc.edu.mx Regresar
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